El gobierno está preparando una Ley
que llama de “Racionalización y sostenibilidad de las entidades
locales”. Por entidades locales se refiere a los Ayuntamientos.
Para comprender lo que significa
“Racionalización y sostenibilidad” no hace falta saber latín,
ni haber estudiado en Salamanca, ni os molestéis en buscarlo en el
diccionario, tan solo hay que entender el lenguaje político: suelen
utilizar la palabra “racionalizar” para no usar la palabra
“recortar” y “sostenibilidad” significa que los ciudadanos de
a pie paguemos más para que al Estado le salgan las cuentas.
Con esta Ley se limitan las
competencias y servicios que puede ofrecer cada Ayuntamiento en
función del número de habitantes y, aplicándolo a nuestra
provincia, sería: los mayores de 50.000 (ninguno); los mayores de
20.000 (Soria); los mayores de 5.000 (Almazán y Burgo de Osma) y los
menores de 5.000, todos los demás.
El gobierno central establecerá un
“coste estándar” para cada servicio y los Ayuntamientos que no
sean capaces de ofrecerlos a ese precio perderán la gestión de los
mismos, que pasarán a ser prestados por las Diputaciones o por las
empresas privadas a las que se les adjudique. Ese municipio que ha
perdido el servicio ya no podrá pasar a pertenecer a una
mancomunidad.
En esta Ley no se contemplan las
actuales entidades locales menores, de las cuales hay 55 en Soria y
2.233 en Castilla y León, que no tendrán personalidad jurídica
propia siendo órganos desconcentrados.
Se fija el sueldo máximo de alcaldes y
concejales. Salvo contadas (y desvergonzadas) excepciones la inmensa
mayoría de alcaldes y concejales en España cobran menos del máximo
fijado. Se prohíbe el sueldo en Ayuntamientos de menos de 1.000
habitantes. No se limita el sueldo a los cargos de confianza. También
se fija el número máximo de personas con dedicación exclusiva. No
se permite la contratación de personal eventual en municipios de
menos de 5.000 habitantes.
En definitiva, se trata de una ley
pensada únicamente desde el punto de vista económico, no social,
como si la sociedad fuese una gran empresa y los Ayuntamientos sus
departamentos. Dicen que se ahorrarán 7.000 millones de euros al
año, pero no pueden responder a la pregunta ¿cuánto le cuestan al
Estado las entidades locales con la ley actual y cuanto le costarán
con la nueva ley?. Y los que somos de pueblo nos preguntamos ¿cómo
pueden saber lo que se ahorrará si no saben lo que cuesta
actualmente?.
La mayor parte de la deuda pública que
hay en España corresponde al gobierno central y, sobre todo, a las
autonomías, siendo responsabilidad de los Ayuntamientos menos de un
5% de dicha deuda. Pero no se plantean si las autonomías son
rentables o si ejercen sus competencias de forma eficiente. La ley
ataca a la administración que está mas cerca de los ciudadanos, el
Ayuntamiento, y que es elegido por los vecinos.
No es de extrañar que los partidos
políticos en la oposición estén en contra de esta ley, ni que el
gobierno les ignore (es lo habitual), pero en esta ocasión incluso
la Federación Española de Municipios y Provincias (la mayoría del
PP) está en contra, la Xunta de Galicia (del PP) está en contra, el
propio presidente de la Junta de Castilla y León (del PP) ha dicho
que con esta ley los alcaldes quedan para pasear el santo el día de
la fiesta.
El gobierno, con este panorama, en vez
de aprobar un anteproyecto para ser discutido en el Congreso y el
Senado (sería lo normal), únicamente se ha atrevido a aprobar un
informe sobre el anteproyecto. Así comprueban la reacción de los
Ayuntamientos (sobre todo los del PP) y de la sociedad en general, es
decir, comprueban la profundidad del lodazal antes de meterse en él.
Esta ley no perjudica a alcaldes y
concejales (el 95% de ellos no cobran) sino que perjudica gravemente
al municipalismo y al mundo rural. Que la ley salga adelante tal como
la plantean ahora o que la tengan que suavizar depende de las
protestas que escuchen. Os seguiremos informando sobre este tema
porque no es muy probable que los Ayuntamientos del PP lo hagan.
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